Lo que ha ocurrido en Brasil no es una destitución a derecho, sino un golpe de Estado". Por Carlos Ciappina.
Por Carlos Ciappina
Hace menos de dos años, 54.000.000 de brasileños consagraban como presidenta del país más grande América Latina a Dilma Rousseff. Hoy, 61 senadores, en un Congreso sospechado de todas las corrupciones (baste con decir que el presidente de la Cámara de Diputados que inició el impeachment contra Dilma está suspendido y procesado por la Corte Suprema de Justicia), ha finalizado el proceso destituyente y, en un verdadero golpe de Estado, decretó la salida del poder de la presidenta democráticamente elegida, para dejar en el Gobierno a Michel Temer, personaje que nadie ha votado, que no tiene respaldo de ningún partido mayoritario y que posee una aprobación pública menor al 10%.
Como en Honduras en 2008 y en Paraguay en 2012, las derechas han logrado derrotar y desalojar a presidentes democráticamente elegidos en procesos turbios a lo menos y totalmente viciados de pruebas a lo más. En el caso de Honduras, fue la Corte Suprema de Justicia la que se prestó a la farsa; en Paraguay, fue el propio Congreso que en trámite exprés destituyó al presidente Lugo; y ahora, en Brasil, el nudo de la conspiración estuvo en un Congreso conformado por diputados y senadores que dejaron expuesta su barbarie de derechas en las inolvidables y tétricas declaraciones que hicieron al votar el impeachment.
El juicio destituyente dejó probado que la presidenta Dilma no cometió ningún ilícito, no sustrajo ningún bien público, no ejerció ninguna prebenda… Lo único que pudo probarse fue que se trasladaron partidas del presupuesto aprobado por el Congreso para cubrir Programas públicos (traslado de recursos que luego se recomponían cuando las arcas públicas recuperaban sus rentas). O sea, se la acusa de hacer lo que todos/as los presidentes del mundo realizan en sus tramos de gestión para que no se detenga la maquinaria del Estado. leer más
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